Miguel Calvo, presidente de la AETT y consejero delegado de Grupo Norte
Para encontrar una solución a un problema, el único punto de partida es estar convencido de que éste existe. Alguien dijo que el hombre es el único animal que cree que haciendo las mismas cosas va a alcanzar resultados distintos y este Gobierno parece haber hecho propios estos erróneos planteamientos.
La innombrable cifra de parados obliga a pensar sobre las posibles nuevas soluciones que acaben con esa situación. Debemos estar de acuerdo en que este complejo escenario se resuelve sólo mediante fórmulas que ayuden a retomar la senda del mercado laboral al desempleado. Exclusivamente de forma transitoria y específica, deben existir políticas pasivas que palíen esa situación no deseada. Y estas políticas deberán ser más generosas y persistentes atendiendo a la dificultad de empleabilidad de la persona en cuestión, pero siempre ayudándole en la búsqueda de un empleo.
Para buscar esas nuevas soluciones nada mejor que ir a los países de nuestro entorno y ver en qué se diferencian sus mercados de trabajo del nuestro. Una de las primeras cuestiones que se pone sobre la mesa es el decisivo papel que en estos países las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de colocación tienen en el mercado laboral. Pero para ello debemos partir por romper posicionamientos políticos arcaicos no del todo superados por algunos colectivos sociales y que, sin base objetiva alguna, no han dejado de estigmatizar estas empresas.
El papel clave de las ETT
La realidad es bien distinta. El papel realizado por las ETT de acercamiento del empleo a todos los colectivos que lo buscan es una realidad socialmente reconocida (en especial por los desempleados que quieren dejar de serlo). Por eso, resulta imprescindible eliminar trabas en busca de una intermediación laboral ágil, que sea capaz de casar con rapidez y eficacia oferta y demanda.
Así, de hecho, lo ha entendido la Unión Europea, con una Directiva comunitaria que consagra el papel que las ETT desempeñan en políticas de empleo y que las convierten en herramientas útiles y estructurales para el fomento de la contratación. Sin duda, una solución nueva a un problema antiguo. Trasladar esta Directiva a la normativa española, en la línea que han seguido muchos países de nuestro entorno, supondría dibujar un mercado laboral moderno, basado en la flexiseguridad, sin descuidar la protección de los derechos de los trabajadores.
Es necesario dar el paso para que las ETT puedan desarrollar su función allá donde se permita la temporalidad del empleo. Carece de sentido, por ejemplo, vetar su participación en la administración pública, donde más del 25% de la contratación es de carácter temporal.
Las ETT españolas aspiran con razón (como ocurre en la Europa que progresa) a ser más que meros gestores de temporalidad y a realizar parte de las funciones que acometen los recursos humanos, como el reclutamiento, selección, formación y colocación, tanto para un puesto temporal como indefinido.
La conversión de las ETT en agencias privadas de colocación es una propuesta de cambio legal novedosa en España que apunta a ser un elemento importante en la realización de políticas activas en el mercado de trabajo que ayuden a dar respuesta a los desempleados en su búsqueda de empleo. Y en este punto hay que recordar que las ETT han venido demostrando con profesionalidad y transparencia que no forman parte del problema, como algunos todavía quieren hacer ver, sino de la solución.